El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha admitido la querella presentada por dos trabajadoras contra el cantante Julio Iglesias por delitos contra la libertad sexual, así como por los de lesiones y trato degradante, estos dos último por hechos cometidos con posterioridad al 5 de octubre de 2021 en residencias del artista en República Dominicana y Bahamas, salvo que formaran parte de la dinámica de un delito contra la libertad sexual no prescrito.
En un auto, el titular de la Plaza Seis de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia cita a declarar a las querellantes, de forma presencial, el día 3 de febrero del próximo año y rechaza la querella respecto de los delitos de trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores.
La resolución se admite en base a los indicios que se aportan en la querella, esto es, el testimonio de la querellante, “que constituye un principio de prueba de los hechos que justifica el inicio de la investigación penal”.
Con la querella, añade Piña, se ofrece prueba testifical, a practicar en el momento procesal oportuno, y documental consistente en una fotografía de la querellante 1 acreditativa de un moratón en uno de los brazos, compatible con la posibilidad de ser agarrada con fuerza. En la misma fotografía se aprecia sobre uno de los muslos, dos marcas que pueden corresponderse con la mordedura de una persona, y que la querella indica que son consecuencia de la participación a que se le obligaba en actos de contenido sexual.
Para el instructor, el relato pormenorizado que contiene la querella y el principio de prueba que se aporta, “son suficientes para incoar el procedimiento, sin que ello suponga un juicio valorativo sobre su credibilidad”.
El juez acuerda así iniciar una investigación contra el cantante con el informe favorable de la Fiscalía, la que inicialmente se había opuesto por falta de competencia. Las denunciantes esgrimen en su querella que Iglesias “habría aprovechado su posición de poder y su situación de vulnerabilidad para captarlas, trasladarlas y alojarlas en sus propiedades, en un clima de intimidación constante”.
Aluden a “situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas”, así como a “condiciones laborales forzadas y degradantes”, según informó la ONG Women's Link, que les asesora en todo este proceso.
El juez rechaza los delitos de trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores que se incluyen en la querella. En relación con el primero, analiza la contratación de las dos mujeres y argumenta que no ha mediado engaño ni artificio alguno ni tampoco observa la existencia de una situación de vulnerabilidad como la descrita por las querellantes.
Respecto al delito contra los derechos de los trabajadores, recuerda que no puede ser objeto de investigación ya que la legislación de Bahamas y República Dominicana, donde supuestamente se cometió el delito, carece de un tipo penal asimilable.
A pesar de iniciar la causa, Puña aclara que del conjunto de whatapps intercambiados entre las querellantes y Julio Iglesias, y que se perpetúan a lo largo de tres años, “en ese tiempo no se ha producido reproche alguno por lo acontecido”.
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“Al contrario, nos encontramos con mensajes que vienen a perpetuar una relación fluida y afectuosa entre personas que denotan amistad. Ejemplo de ello son las reiteradas felicitaciones de año nuevo, o la persistencia en conocer cómo se encontraban”. Esta relación de amistad, indica el auto, se perpetúa hasta el año 2024.
Para el juez, ese tono aparentemente cordial o afectuoso deberá ser contrastado con el conjunto de la relación y las explicaciones de las intervinientes. “Los mensajes presentan una aparente discordancia con determinados extremos del relato, que deberá esclarecerse mediante la declaración de la querellante y el examen íntegro y contextualizado de las comunicaciones”, concluye.
En su escrito, el instructor rechaza conceder la condición de testigos protegidos a las dos querellantes ni la adopción de la medida de alejamiento puesto que la querella no aporta elemento concreto que ponga de manifiesto la especial situación de peligro exigida por la ley para la condición de testigo protegido.
Por otro lado, Piña abre la posibilidad de que la causa se amplíe a Respecto a las dos house manager “que, de resultar acreditadas, podrían tener relevancia penal en relación con el delito de agresión sexual y cuya eventual responsabilidad penal no debería quedar al margen de una valoración conjunta de lo sucedido”.
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