Dos extrabajadoras del cantante Julio Iglesias, identificadas con los nombres ficticios de Rebeca y Laura para proteger su identidad, presentaron el 3 de septiembre una querella ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia español. Las demandantes, con el acompañamiento de la organización Women’s Link Worldwide, solicitan que la justicia española investigue hechos que, según su relato, habrían ocurrido en 2021 en propiedades del artista ubicadas en las Bahamas y en la República Dominicana.
De acuerdo con la querella, el cantante se habría aprovechado de su posición de poder y de la situación de vulnerabilidad de ambas mujeres para captarlas, trasladarlas y alojarlas en sus residencias en un clima de intimidación constante. Rebeca (empleada del servicio doméstico) y Laura (fisioterapeuta) describen situaciones continuadas de acoso y agresiones sexuales, así como condiciones laborales forzadas y degradantes. Los hechos podrían constituir delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, delitos contra la libertad e indemnidad sexual, lesiones, trato degradante y vulneración de derechos laborales.
Jovana Ríos Cisnero, directora ejecutiva de Women’s Link, subrayó la necesidad de garantizar el acceso a la justicia en condiciones de seguridad y dignidad: "El Estado español tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia en igualdad y sin importar quién sea la persona denunciada". Las querellantes también solicitan medidas de protección específicas.
Los hechos se dieron a conocer públicamente en enero de 2026. Según las dos mujeres, trabajaron en las mansiones del cantante en Punta Cana (República Dominicana) y Lyford Cay (Bahamas) en 2021. Relataron jornadas de hasta 16 horas, control de teléfonos, prohibición de abandonar las residencias y un ambiente de humillaciones, tocamientos no consentidos y agresiones sexuales. Rebeca, siempre según su testimonio, describió presiones para encuentros sexuales, penetraciones, bofetadas y vejaciones; Laura, tocamientos y besos no consentidos.
El 5 de enero de 2026 presentaron una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por los mismos hechos. La Fiscalía tomó declaración a las dos mujeres como testigos protegidas, pero archivó las diligencias días después al considerar que España carecía de jurisdicción: los hechos habrían ocurrido en el extranjero y no existían suficientes "vínculos relevantes" con el país, pese a la nacionalidad española de Iglesias.
Women’s Link sostiene que los tribunales españoles sí tienen competencia en virtud del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (que permite perseguir delitos cometidos en el extranjero por españoles cuando el hecho también es delito en el lugar de comisión) y de obligaciones internacionales de España en materia de trata, violencia sexual y derechos laborales.
La respuesta de Julio Iglesias
El 16 de enero de 2026, días después de conocerse las acusaciones, Julio Iglesias publicó un comunicado en Instagram en el que las calificó de "absolutamente falsas". "Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza", escribió. Añadió que “nunca había sentido tanta maldad”, pero que aún le quedaban fuerzas "para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave". Agradeció el apoyo recibido.
Posteriormente, el cantante ha emprendido varias acciones judiciales. Ha reclamado a la Fiscalía la entrega de la denuncia archivada (y un tribunal le ha dado la razón en parte), se ha querellado o amenazado con querellarse contra periodistas de elDiario.es [que publicó en primera instancia las denuncias] por presuntas injurias y calumnias, y mantiene otros frentes relacionados con extrabajadores. En ningún momento ha admitido los hechos que se le atribuyen.
En declaraciones difundidas por Women’s Link, la denunciante conocida como Laura afirmó: "Mi propósito es que ninguna mujer vuelva a sufrir este tipo de abusos por parte de él. Quiero llevar el mensaje de que las mujeres somos víctimas y sobrevivientes, no victimarias ni culpables". Rebeca explicó: "Hago esto por tres razones de justicia. La primera, por mí misma […]. La segunda, por las mujeres que trabajan en las casas de él […]. Y la tercera, por mi país, República Dominicana: para que algo así no vuelva a ocurrir".
El Tribunal Central de Instancia deberá ahora decidir si admite a trámite la querella y abre una investigación. El caso pone de nuevo sobre la mesa el debate sobre la jurisdicción española en delitos cometidos en el extranjero por ciudadanos españoles y el acceso a la justicia de mujeres en situación de vulnerabilidad frente a figuras de gran poder mediático y económico.
