Julio Iglesias ha intensificado su ofensiva judicial tras el archivo de la denuncia presentada por dos de sus exempleadas. El cantante ha demandado a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ante el Tribunal Supremo por una presunta intromisión ilegítima en su derecho al honor y a la intimidad, y le reclama una indemnización de 50.000 euros por daños morales.
Según la demanda, a la que ha tenido acceso EFE, Iglesias considera que las declaraciones realizadas por Díaz en Bluesky y en La Hora de La 1 vulneraron su reputación al dar por ciertos unos hechos que nunca llegaron a ser juzgados. Por ello, solicita que se retracte públicamente y asuma también las costas del procedimiento.
La polémica se originó el pasado mes de enero, cuando dos antiguas empleadas denunciaron a Julio Iglesias por presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de trabajo forzado, agresión sexual, lesiones y vulneración de los derechos de los trabajadores por hechos que, según su relato, habrían ocurrido en 2021 mientras trabajaban en las residencias del cantante en República Dominicana y Bahamas. La Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó posteriormente el caso al considerar que los tribunales españoles carecían de jurisdicción.
Díaz rechazó rectificar sus palabras al considerar que no habían causado un perjuicio al honor ni a la reputación del cantante
Tras conocerse la denuncia, Yolanda Díaz escribió en Bluesky: “Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente”. Ante los hechos, el cantante sostiene que esas palabras le atribuyeron públicamente una culpabilidad que nunca fue declarada.
Paralelamente, Iglesias ha presentado en los juzgados de Madrid una querella por injurias, calumnias y un delito contra la integridad moral contra varios periodistas de elDiario.es, entre ellos su director, Ignacio Escolar, por las informaciones publicadas por el medio sobre el caso.

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El artista sostiene que dichas publicaciones formaban parte de una “campaña de desprestigio” contra él y solicita, además, la retirada cautelar de las mismas. Escolar, por su parte, ha rechazado retractarse y ha defendido que las noticias son fruto de una investigación “contrastada y veraz” desarrollada durante tres años.
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