El Tribunal de Justicia de São Paulo ha condenado a Gabriel Piccolo, un popular influencer brasileño con más de tres millones de seguidores, a indemnizar al propietario de una agencia inmobiliaria del municipio de Praia Grande en concepto de daños y perjuicios por difamar su negocio denunciando supuestas irregularidades en su aparcamiento privado.
En total, Piccolo, apodado en redes como 'Menino da Lei' —"el chico de la ley", en español—, deberá pagar una multa de 30.000 reales (unos 5.100 euros). Aunque aún está sujeta a apelación, esta sentencia, recogida por el portal g1, ha vuelto a poner en el centro del foco mediático la polémica que protagonizó a principios del año 2025 con uno de los responsables del local al que se enfrentó en medio de la vía pública.
El incidente se produjo cuando el tiktoker estacionó su vehículo en la zona de aparcamiento privado del establecimiento y, ante la petición de que lo retirara, decidió sacar la cámara de su móvil para grabar la escena. En las imágenes, el joven de 25 años sostenía que se trata de un espacio público y que, por tanto, el bordillo de la calzada habría sido rebajado ilegalmente para crear un aparcamiento de uso exclusivo de clientes y particulares.
"Y la ley protege vuestros derechos. Ustedes, ciudadanos, podéis estacionar vuestros vehículos libremente así que si algo así os sucede, grabad la situación", señalaba Piccolo dirigiéndose a sus seguidores y asegurando que el propietario del local se habría apropiado de un espacio y que no tendría la potestad de "prohibir" a ningún ciudadano estacionar en ese área particular.
Este vídeo, que no tardó en hacerse viral en redes sociales, enseñaba el momento en el que varios agentes de policía se personaron allí ante la voz de alerta del negocio. Tras esto, el propietario interpuso una demanda contra el influencer, exigiendo una suma de 80.000 reales (cerca de 14.000 euros) por daños morales que, en septiembre de 2025, fue declinada por un jurado de primera instancia.
Según esta resolución inicial, en el vídeo no se identificaba directamente a la inmobiliaria ni tampoco se mencionaba expresamente el nombre del local, por lo que no se podía acreditar daño alguno en la reputación.
Esta interpretación de los hechos contrasta con la resolución del Tribunal de Justicia de Sao Paulo, la instancia superior a la que el empresario apeló, que señaló que el influencer había excedido los límites de la libertad de expresión al denunciar falsamente irregularidades, ya que, de acuerdo a los jueces, "si no hay plazas de aparcamiento públicas en el lugar, no existe apropiación alguna de espacio público".
En la sentencia, se expone la estrategia de comunicación del creador de contenido, cuyo objetivo iba más allá de la "mera expresión de dudas interpretativas" en torno a la ley para poner en evidencia el caso sin el mínimo rigor informativo. "Los vídeos fueron divulgados en tono de denuncia pública, sugiriendo una irregularidad cometida por los demandantes ante una audiencia de millones de personas", apuntaron.
Más de 30 millones de visualizaciones obtuvo en redes sociales —TikTok e Instagram— el vídeo que desató la polémica, generándole casi medio millón de seguidores nuevos y unos ingresos estimados de 25.000 reales (unos 4.200 euros) que, ahora, se equiparan a la cuantía que el TJ-SP ha fijado para la indemnización de 30.000 reales repartida a partes iguales: 15.000 para la empresa y otros 15.000 para su propietario.
Aunque en la sentencia se rechazó la petición de retractación pública y la prohibición explícita de que vuelva a pronunciarse sobre el caso, la imagen pública de Piccolo, residente de Praia Grande y apodado como "el chico de la ley", se habría visto salpicada por lo ocurrido al salir a la luz que posee una condena en firme que certifica que no dijo la verdad.
"Cuando un influencer expone a personas o empresas sin la más mínima verificación de los hechos, el daño a su reputación puede ser inmediato y, a menudo, irreversible", declaraba el abogado de la defensa de la empresa Diego Guimarães Borba, apelando a la responsabilidad de las figuras públicas. "Este tipo de conducta puede engañar a miles de personas", afirmó el abogado".
